En España, el Presidente Rafael Correa ha insistido en defender a los ecuatorianos amenazados por los bancos que quieren desalojarlos de sus casas como instrumento para recuperar las deudas que estos adquirieron con el fin de comprarlas.
Y eso está muy bien.
Ha invocado para ejercer tal defensa el derecho de todo ser humano a contar con una vivienda incluso hasta para proteger la intimidad y el desarrollo familiar. Y en semejante cruzada, no ha dudado en llevar su querella contra los banqueros -defendiendo a las personas contra el capital, según dice- a un país extranjero, en el que ocasionalmente está de visita.
Pero lo cierto es que se ha opuesto vigorosamente a que las personas sean desalojadas de sus viviendas. Insisto en que eso está muy bien. Pero mientras tanto aquí en Guayaquil, el gobierno de Rafael Correa está desalojando familias de asentamientos irregulares de población. Y con esos desalojos está afectando a la intimidad familiar, al desarrollo individual, y -lo más importante- al derecho de las personas a tener un techo bajo el cual vivir.
El Presidente Correa en una de sus sabatinas se refirió a las nuevas invasiones que habían ocurrido en las zonas marginales del noreste de Guayaquil. Y ordenó desalojar a las familias que levantaron sus casas en áreas "no consolidadas" donde adquirieron solares a traficantes de tierra. Esa orden se está cumpliendo. Y decenas de mujeres y hombres de toda edad, viven en zozobra a la espera de que en cualquier momento aparezcan piquetes de policías para ejecutar la temible tarea de demolición.
Al igual que los ecuatorianos residentes en España, los que viven en el noreste de Guayaquil se quedarán sin vivienda. Pero también a diferencia de los que viven en España, los de Guayaquil no tendrán quien los defienda. Al contrario, el gran defensor de los desalojados en España, es el que dispone los desalojos en Guayaquil.
