Pablo Lucio Paredes acaba de ser objeto de una andanada mediática -linchamiento- por parte del Presidente de la República, a propósito de replicarle un artículo ("Más economía y menos política") que publicó en El Universo del sábado 9 de noviembre.
Confieso que no siempre estoy de acuerdo con Lucio Paredes. Y que en ese artículo realmente pecó de elemental -debilidad en la que se basa el ataque de Correa- al afirmar que en otros países de la región, hay más interés por las actividades de la producción que por las decisiones que toma el Estado. Palabras más, palabras menos, ese fue el sentido de su artículo.
Pero Lucio Paredes ha puesto sobre el tapete un tema que nunca pierde actualidad: la relación entre economía y política. En verdad así como no hay, ni puede haber, una economía "pura" sin política, tampoco hay política que pueda hacerse al margen del desempeño de la economía. Y esto incluye a todos los niveles del gobierno: central, provincial, municipal.
Un solo ejemplo ilustra esto: si usted es un pequeño emprendedor, que tiene algo de capital; y advierte que hay un entorno adverso porque se anuncia una revolución permanente, y porque en ese contexto revolucionario se promueve una división social que espera ser solucionada dictando leyes para que los pobres coman pan y los ricos mierda; usted:
(1) ¿Confiará en las leyes que se expidan -porque nada más ni nada menos que la Presidenta del máximo órgano legislativo, fue la que formuló esa aspiración escatológica- en nombre de la revolución?; o
(2) ¿Preferirá quedarse como pobre y no hacer reproducir sus recursos, porque de hacerlo con éxito, (es decir, de crecer económicamente, y tal vez volverse rico), estará condenado a compartir los gustos coprófagos de una parte de los revolucionarios?
Entonces queda claro que sí hay una relación entre economía y política. Y que la preocupación de Lucio Paredes es válida cuando se la formula preguntándose ¿cuál es la conducción económica que conviene respaldar, para garantizar las aspiraciones de progreso de los ciudadanos?
Porque la economía -en una sociedad auténticamente democrática- está relacionada con el ejercicio político de las libertades, entre ellas las de emprender, producir, contratar, opinar. Cuando -como ocurre en Venezuela- el gobierno dictamina por decreto cuál es el precio "justo" de un producto, a guisa de regular las utilidades, hace intervenir a la política con poderes absolutos, sobre la economía.
Ojalá acá eso nunca ocurra.