El Estado cachinero

La cachinería es una actividad comercial ilegal: se ocupa de la compra-venta de bienes robados, no importa si el pago se lo hace en efectivo o mediante especies o favores. Pero lo impotante es que quien ejerce esa actividad sabe con certeza que el producto ofertado carece de orígen legítimo; es decir que fue obtenido mediante el despojo del bien a su propietario.

Como no puede ser de otra manera, la sociedad persigue ese tipo de actividad criminal. Y la persigue por dos razones fundamentales. La primera -y la más importante- porque es menester dar protección a la propiedad. La segunda porque de esa manera desestimula la formación de toda la cadena del crimen articulada en la apropiación de lo ajeno, incluyendo su comercialización. Si no actúa de esta manera, la sociedad envía un mensaje claro: robar no es delito; y menos comercializar el producto del robo.

Por lo tanto, si para obener un producto de manera ilegítima hay que asaltar en la vía pública, o ingresar a una vivienda, o a un local comercial para despojar a las personas, incluso sometiéndolas por la violencia física y hasta con el uso de armas llegando al assesinato, no se está cometiendo un delito. Y si después de un tiempo, (digamos minutos, horas, días, semanas o años), el ladrón invocando cualquier pretexto filantrópico aparece regalando a un tercero lo que ha robado, nada podrá hacer el perjudicado para recuperar lo que según títulos irrefutables, es de su legítima propiedad. Pero no por eso el robo deja de ser robo; ni el que robó, deja de ser ladrón; ni el que consiente en recibir el producto del robo, a sabiendas de su origen, deja de ser cachinero.

Lo de las espadas de Alfaro y Montero calza exactamente en todo cuanto he descrito: un grupo armado las robó del Museo Municipal, que las contaba como parte de su patrimonio, respaldado en una donación legal y legítimamente realizada. Esas espadas fueron robadas. Y esas mismas espadas acaban de ser entregadas al Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, por una funcionaria de su gobierno.

La propiedad de las espadas del cuento nunca dejó de ser del Municipio de Guayaquil. Por lo tanto a sus representantes les corresponde de manera inexcusable, exigir que se las devuelvan porque fueron robadas del Museo Municipal de Guayaquil, hace más de 28 años. El hecho de que el delito de robo cometido para apropiarse de las espadas haya prescrito, no equivale a decir que ha prescrito la propiedad de las mismas.

Por lo tanto al gobierno le queda una sola decisión: devolver lo robado. Si no lo hace, habrá convertido al Estado en cachinero y a Carondelet en la gran cachinería. Y habrá acuñado un mensaje subliminal: robar no es malo, siempre y cuando sus autores sean amigables con el régimen -al punto de ocupar altos cargos públicos- y las víctimas del asalto y robo estén ubicados en la derecha pelucona, porque para ellos, Alfaro y Correa viven, carajo...

O sea ACVC