No es casual la presencia de altos funcionarios del gobierno como protagonistas de un "plantón" para presionar la condena del ex jefe de la Escolta Legislativa acusado de ser uno de los autores del "chapazo" del 30 de septiembre. Ese gesto desmesurado, inédito en la vida nacional, revela primariamente cómo en el círculo cercano al Presidente de la República, hay afanes de controlar a la justicia para convertirla en instrumento de los odios que alientan sus ánimos de venganza.
Ante semejante escenario de intimidación, será muy difícil para la justicia actuar y pronunciarse de manera independiente. Y el oficial de la policía enjuiciado seguramente deberá esperar lo peor. Pero no habrá mejor testimonio para demostrar que, si se lo sentencia, es por razones políticas, conforme registran las fotografías en las que públicamente se vio a tan altos empleados públicos, empeñados en obtener un fallo condenatorio...
El asunto es grave. Imaginen por un momento la actuación de los jueces, pendiendo sobre ellos la amenaza de ser barridos de la Función Judicial, por ese Consejo de la Judicatura de Transición, que de acuerdo a la pregunta 4 aprobada en el Referéndum del 7 de mayo, estará integrado por tres personas cada una en representación del Ejecutivo (o sea del Presidente Correa), del Legislativo ( o sea, también de Correa, pues éste controla al Corcho y a su Asamblea), y de la Función de Transparencia y Control, (para variar, también afín al Presidente Correa, ¿o ustedes creen que la vista gorda del Contralor Pólit -quien preside la tal Función de Transparencia- es meramente accidental?)...
Por esto solo me explico la acción de los mencionados funcionarios públicos, como un acto de desmesura; pues no cabe en la práctica política que ellos registran, tamaño gesto de ingenuidad, con el cual han franqueado los caminos de la defensa del ex jefe de la escolta legislativa, para recurrir a los organismos de la justicia internacional competentes, demostrar que es perseguido político y consecuentemente recibir, en su momento, una jugosa indemnización del Estado, que sería bueno se la hagan pagar a esos funcionarios ejerciendo el derecho de repetición.
Los antiguos griegos censuraban esos actos de desmesura, en especial cuando nacían del ejercicio del poder. Los denominaron hibris; y hasta ahora son considerados como una demostración de arrogancia, que arrolla sin contemplaciones a los demás, atribuyéndoles todos los actos de corrupción posibles. En política, la hibris es el manejo prepotente del poder, para satisfacer hasta los más recónditos y oscuros afanes de venganza, de revanchismo social, de descalificación de adversarios potenciales o reales, de -en fin- dominio absoluto, sin moderación posible.
El mismo 30-S fue un acto de desmesura demencial.
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