JUSTICIA POR MANO PROPIA

El caso del ciudadano que arrolló y mató a uno de los dos delincuentes que asaltaron a su esposa y a su pequeña hija en Los Ceibos, plantea una incipiente pero firme reacción defensiva de la ciudadanía, la cual seguramente irá tomando cuerpo frente a la ineficaz acción policial para proteger bienes y vidas de las personas. La cuestión de fondo es saber si ahora las fuerzas del orden no tan solo deberán ocuparse de perseguir y reprimir a los criminales, sino también a quienes alegando el legítimo derecho a la defensa, los repelen valiéndose de cualquier medio, incluyendo el de echarles el vehículo encima.

Y el asunto no es simple: los funcionarios del gobierno a cargo de la seguridad ciudadana, ya han revelado una fórmula para esconder su ineptitud frente al hampa. En algunos momentos recurren sin pudor a las estadísticas para asegurar que los índices delictivos están a la baja. Y en otros, optan por declarar que los asesinatos son únicamente "ajustes de cuentas", como si esa explicación tan elemental fuera suficiente para tranquilizar a los ecuatorianos, que ya no se sienten a salvo ni en sitios públicos ni en sus casas.

En lo de fondo, el tema tiene que ver con las actitudes del poder frente al crimen.

Me explico: ladrones y asesinos siempre han existido. Pero las autoridades por lo menos declaraban estar del lado de las víctimas, y jamás intentaban ni minimizar los embates criminales, ni de explicarlos o, lo que es peor, justificarlos. Con el advenimiento de la Revolución Ciudadana los patrones de respuesta del poder público cambiaron: se llegó a sostener que era una "percepción" azuzada por la prensa para dañar la imagen del gobierno de las mentes lúcidas, corazones ardientes y manos limpias. Y luego, se sostuvo que todo era causado -especialmente en Guayaquil- por el modelo de desarrollo de la ciudad, que magnificaba según esa teoría, las diferencias socio económicas entre ricos y pobres. Tamaño despropósito se vio rubricado por la visita del Presidente de la República a la penitenciaría, proclamando que quienes estaban encarcelados eran víctima de la acción de un partido político. Así es que robar era apenas la manifestación de la lucha de clases. Peor si el objeto del atraco era un teléfono celular.

El efecto que ha creado sobre la sociedad este manejo de la seguridad pública es devastador. Para quien va a perpetrar un robo, su objetivo es salir con el bien que apetece. Y si para cumplir su objetivo tiene que asesinar, pues así lo hará porque está convencido de que el atracado debe someterse a sus designios sin oponer la más mínima resistencia.

Frente a esta realidad, la gente de bien buscará la mejor manera de responder. Y si se les prohíbe portar armas, (pues si la policía -ahí sí de manera diligente- lo cachea y le encuentra una, lo apresa sin ninguna consideración), entonces lo lógico es que se busque cualquier otro medio de defensa, incluyendo el de tirarle el vehículo encima al delincuente.

La sociedad ecuatoriana está entrando a una vertiginosa espiral de violencia. Porque ante el combinado efecto impuesto por el círculo delincuencia-policía-jueces, los ciudadanos terminaremos concluyendo que la mejor justicia es la que se hace por mano propia. Y ahí sí que podremos llegar a un punto de dificilísimo retorno. Será lo más parecido a una guerra civil. Que Dios nos ilumine, incluyendo al gobierno.