EL FISCAL DE GUADALUPE Y JUANITA

Finalmente Galo Chiriboga será posesionado como nuevo Fiscal General de la Nación por la Asamblea Nacional. Llega a sus funciones más estrujado que bolsillo de payaso, en desmedro de la credibilidad que un funcionario de esa categoría debería mostrar.

Para cometer semejante nombramiento han jugado un papel de primer orden dos personas: doña Juana Miranda y don Ulbio Guadalupe, quienes han actuado a nombre de la ciudadanía, o sea de usted, de usted... de todos. No sé si ustedes, pero yo no me siento representado por ellos. Tal vez los ciudadanos que estén representados por la voluntad de Ulbio y Juana sean los de la cúpula de Alianza País. Seguramente sus familiares y amigos sientan que ellos en efecto son sus representantes. Sin embargo esa cualidad -la de representar a los ciudadanos- en una democracia bien entendida solo nace del voto universal, directo y secreto. Entonces la primera pregunta surge incontenible: ¿mediante qué proceso electoral los ecuatorianos en edad de elegir, designamos a Miranda y a Guadalupe así como a los miembros de las Comisiones que ellos presiden, para que cumplieran la delicada tarea de nombrar a Galo Chiriboga como Fiscal?

Recordemos que esta novelería de designar a algunos de los más altos dignatarios del Estado mediante Comisiones, fue instituida por la Constitución de Montecristi. Se argumentó que de esta manera, se le arrebataba a la politiquería la posibilidad de ofrecer cuotas del poder de la República en beneficio de sus intereses protervos. Y bajo ese criterio, la Función Legislativa fue despojada de la facultad que tradicionalmente había tenido de elegir al titular de la Fiscalía. De ahí nació ese engendro que es el Consejo de Participación Ciudadana cuya presidencia ostenta doña Juana, y sendas Comisiones de Selección, entre las que está la presidida por Don Ulbio.

A diferencia de los asambleístas, que para ejercer sus funciones requieren el respaldo de la voluntad directa de los ciudadanos expresada en las urnas, este Consejo y sus diversas Comisiones ad-hoc de Selección, no tienen responsabilidad de ninguna índole ante los electores. Salvo los integrantes del Consejo que pueden ser llamados a Juicio Político, los miembros de las Comisiones de Selección gozan de absoluta impunidad. Lo más seguro es que luego de cumplir su cometido, don Ulbio y sus colegas de Comisión regresen a las sombras del poder de donde fueron engendrados. Y aquí nada ha pasado.

En una democracia representativa, cuando los ciudadanos eligen a un legislador, le delegan que a más de cumplir sus obligaciones de fiscalizar y legislar, representen a sus mandantes tomando decisiones que incluyen fundamentalmente la designación de altos funcionarios del Estado. Por eso son mandatarios. Y si se equivocan en el cumplimiento de su mandato, sus mandantes -o sea, los ciudadanos- pueden sancionarlos con un acto soberano: no volverles a encomendar otro mandato a través del voto.

Galo Chiriboga asumirá la próxima semana uno de los más importantes cargo público del Ecuador. Dirá que no se debe a intereses de grupos de asambleístas cercanos o lejanos del Poder. Y que en consecuencia, será independiente en su accionar. Pero como su elección fue tan accidentada, y producto de una "orgía de puntos" para asegurarle que nadie le dispute el cargo que se le tenía reservado, su imparcialidad estará bajo sospecha. Entonces seguramente nadie tendrá cómo pedirle a doña Juana y a don Ulbio, que respondan por el nombramiento que con sus comisionados cometieron, porque nunca dejará de ser el Fiscal que ambos pusieron en el puesto para cumplir las inapelables órdenes del Poder.