Comenzaré diciendo que Moreno -me refiero a Lenin, el Vicepresidente- nunca me había despertado un sentimiento de seguridad. Quizá mi actitud estaba condicionada por ese terrible prejuicio que suelen crear los segundones en el poder público, especialmente porque nunca se sabe si están o no realmente comprometidos con todo lo que hace el mandamás al cual tan obsecuentemente secundan, (por algo son vice) y, en consecuencia, si cuando proponen algo, están únicamente jugando un papel para engatusar y ganar tiempo en beneficio de los intereses ocultos del jefe, o para desgastar a sus adversarios, metiéndolos en un callejón del que no puedan salir, como el mate pastor en una partida de ajedrez.
Por ese prejuicio, muy poca importancia le he dado a las declaraciones y apariciones públicas de Moreno. Cuando contaba sus chistes en los pocos actos públicos en que he tenido la oportunidad de verlo, me recuerda la frase tan repetida de su gobierno: que con quien se debe hablar, es con el dueño del circo, no con los payasos. Y obviamente Moreno no es propietario del circo que Correa monta semana tras semana, en sus sabatinas...
Pero leyendo EXPRESO de hoy, me encuentro una entrevista con el Vicepresidente de la República, que contiene una propuesta audaz, plausible y -sobre todo- oportuna: parar la confrontación, o por lo menos bajar el tono del debate, y trabajar para construir un gran acuerdo nacional.
Mi primera reacción fue no perderme la sabatina, para escuchar la reacción de Correa: fue notoria. El Presidente de la República llegó cargado de más resentimientos, de mayores deseos de venganza, de repetir sus acusaciones, de exacerbar las pasiones contra los ricos; y en esos afanes -dicho sea de paso- hasta repitió unos peregrinos juicios de valor que semanas ha profirió sobre los Fundadores de Estados Unidos, con los cuales pretendió descalificar sus adhesiones a las filosofías de libertad y democracia, argumentando que habían defendido el esclavismo. (Según la original idea descalificadora correísta, Platón o Aristóteles no podrían hablar de democracia y república, porque también aludieron y hasta defendieron al esclavismo en sus tesis sobre política...)
Volvamos a Moreno: en la entrevista con José Hernández publicada hoy, propone una actitud "generosa" de los actores políticos. "Desde el comienzo manifesté que hay una tarea pendiente: hacer una alto a la confrontación, reunirnos, ponernos de acuerdo en grandes objetivos nacionales y después continuar si se quiere con la confrontación política". Moreno ha hablado con visión de estadista. Le ha dado una lección a Correa, tal vez porque es 10 años más viejo que el Presidente, según él mismo señala. Y agrega: "Debemos definir qué tipo de educación queremos para nuestros hijos. Las obras básicas prioritarias. ¿Qué es lo más importante? ¿Hacer carreteras grandes o de segundo orden que no tienen la vistosidad pero dan más utilidad a los campesinos para sacar sus productos? En economía, se habla de que se viene una crisis. Veamos una política nacional frente a la crisis"
Lean la entrevista. Yo todavía me siento un poco sorprendido, como cuando usted mira el espectáculo circense de un encantador de serpientes. Y pienso: ¿Será acaso Moreno, la cuña del mismo palo que nos ayude a salir de todo este embrollo en que nos metió Correa en los últimos 4 años? Aunque él declara que se retira de la política al terminar su mandato en 2013 -"(¡pondrás que ya no voy a ser candidato!)" le dice a Hernández- no sería mala idea hacer dos cosas de inmediato: tomarle el guante; hay que promover el Acuerdo que propone. Es una tarea que deben empezar ya, los sindicatos, los maestros, los empresarios, las agrupaciones cívicas, los partidos políticos. Todos, sin excepciones. Háganle saber a Lenin Moreno que su propuesta no cae en saco sin fondo. Y luego, una vez construido ese Acuerdo, pídanle que se quede en el gobierno, para que se encargue de ejecutarla.
No me crean ingenuo para pensar que con Moreno todo marchará sobre ruedas. (Es solo un decir). Pero hagamos el intento: total, es la mejor alternativa para Correa, porque no hay mejor cuña que la del mismo palo...
sábado, 27 de agosto de 2011
sábado, 13 de agosto de 2011
¿ES LA INFORMACIÓN UN "BIEN PÚBLICO"?
El Presidente Correa ha venido sosteniendo que la información es un "bien público". Y que por lo tanto, no se puede permitir que un "bien público" sea manejado únicamente bajo el criterio empresarial de los propietarios de los medios de comunicación, pues estos pueden defender intereses que entren en contradicción con los de la sociedad. O sea que en lo medular, lo que el Presidente de la República propone es que la actividad de informar por cualquier medio de comunicación esté sujeta a regulaciones -obviamente creadas y aplicadas por quienes dirigen al Estado- no solo sobre el contenido de las noticias, sino sobre las opiniones que éstas generan.
Para empezar por el principio, cabe examinar el concepto de bien público: se refiere a aquellas actividades en las que el Estado en representación de la sociedad, tiene un interés especial, porque trata de evitar que su utilización o usufructo origine exclusiones de los derechos de una mayoría, en beneficios de otros, que son minoría. Por ejemplo los ríos son típicamente un bien público, porque por mucho que atraviesen propiedades privadas, sus dueños no pueden invocar esta circunstancia para afectar el curso de las aguas en desmedro del provecho que la comunidad espera obtener de ellas.
En materia de comunicación radial y telefónica, el Estado que por ser titular del espacio aéreo, lo es también del espectro que sirve de vehículo para la emisión de las señales de radio, televisión y de telefonía, ejerce sus derechos sobre ese bien público, autorizando la operación de las empresas que se dedican a esas actividades. Aquí también prima un concepto elemental de seguridad pública, porque es obvio que nadie podría usar el espectro radioeléctrico para transmitir informaciones públicas que pongan en riesgo ni siquiera a uno de los habitantes de alguna región, provincia, cantón o parroquia. Sin embargo, ese riesgo no se refiere a la noticia en sí, sino a la forma en que ésta es difundida. Y para eso están bien las regulaciones...
Pero la información, cuando atañe a asuntos públicos, debe ser igualmente pública. Es decir que ninguna restricción es válida para impedir que la sociedad se informe más o menos rápidamente, con mayor o menor detalle, de acontecimientos que están relacionados con la vida pública. Esto no quiere decir que la información sea un bien público. La información versa sobre acontecimientos que deben ser de dominio público para que los ciudadanos, que son quienes -ejerciendo un derecho soberano e inalienable- eligen en calidad de mandantes a otros ciudadanos para que cumplan las funciones de gobernar en nombre del Estado, conozcan precisamente cómo sus mandatarios están cumpliendo o incumpliendo las funciones que les delegaron. Entonces la información no es un bien público. Se refiere al uso y manejo de bienes públicos, sí. Mas ese hecho, esa naturaleza, no convierte a la información en bien público.
Entonces queda claro que lo que el gobierno quiere, es extender esta natural autoridad que tiene el Estado para controlar -insisto, fundamentalmente por razones de seguridad pública- la difusión de información a través del espectro radioeléctrico, a los contenidos de la prensa en general, sea esta televisada, radiodifundida o impresa. Incluso por INTERNET. Y esta es una pretensión totalmente arbitraria que no se la puede tolerar. Por eso, más allá de la simpatía o antipatía que puedan provocar en el ánimo de las gentes, el articulista Emilio Palacio, Diario EL UNIVERSO y sus propietarios, no hay que perder de vista que el objetivo del Presidente Correa es someter a la prensa, para que informe solo de aquello que le interese al poder, a su poder, al poder del grupo que es parte de su círculo de gobierno.
Y para controlar eso, se han inventado una definición que no existe: que la información es un "bien público"...
Como se inventaron el magnicidio primero, y el secuestro después, del 30-S. O como se inventaron el delito de la autoría coadyuvante, para engatusar a un pobre juez, cuya respetable miopía física seguramente es menor que su miopía legal.
Para empezar por el principio, cabe examinar el concepto de bien público: se refiere a aquellas actividades en las que el Estado en representación de la sociedad, tiene un interés especial, porque trata de evitar que su utilización o usufructo origine exclusiones de los derechos de una mayoría, en beneficios de otros, que son minoría. Por ejemplo los ríos son típicamente un bien público, porque por mucho que atraviesen propiedades privadas, sus dueños no pueden invocar esta circunstancia para afectar el curso de las aguas en desmedro del provecho que la comunidad espera obtener de ellas.
En materia de comunicación radial y telefónica, el Estado que por ser titular del espacio aéreo, lo es también del espectro que sirve de vehículo para la emisión de las señales de radio, televisión y de telefonía, ejerce sus derechos sobre ese bien público, autorizando la operación de las empresas que se dedican a esas actividades. Aquí también prima un concepto elemental de seguridad pública, porque es obvio que nadie podría usar el espectro radioeléctrico para transmitir informaciones públicas que pongan en riesgo ni siquiera a uno de los habitantes de alguna región, provincia, cantón o parroquia. Sin embargo, ese riesgo no se refiere a la noticia en sí, sino a la forma en que ésta es difundida. Y para eso están bien las regulaciones...
Pero la información, cuando atañe a asuntos públicos, debe ser igualmente pública. Es decir que ninguna restricción es válida para impedir que la sociedad se informe más o menos rápidamente, con mayor o menor detalle, de acontecimientos que están relacionados con la vida pública. Esto no quiere decir que la información sea un bien público. La información versa sobre acontecimientos que deben ser de dominio público para que los ciudadanos, que son quienes -ejerciendo un derecho soberano e inalienable- eligen en calidad de mandantes a otros ciudadanos para que cumplan las funciones de gobernar en nombre del Estado, conozcan precisamente cómo sus mandatarios están cumpliendo o incumpliendo las funciones que les delegaron. Entonces la información no es un bien público. Se refiere al uso y manejo de bienes públicos, sí. Mas ese hecho, esa naturaleza, no convierte a la información en bien público.
Entonces queda claro que lo que el gobierno quiere, es extender esta natural autoridad que tiene el Estado para controlar -insisto, fundamentalmente por razones de seguridad pública- la difusión de información a través del espectro radioeléctrico, a los contenidos de la prensa en general, sea esta televisada, radiodifundida o impresa. Incluso por INTERNET. Y esta es una pretensión totalmente arbitraria que no se la puede tolerar. Por eso, más allá de la simpatía o antipatía que puedan provocar en el ánimo de las gentes, el articulista Emilio Palacio, Diario EL UNIVERSO y sus propietarios, no hay que perder de vista que el objetivo del Presidente Correa es someter a la prensa, para que informe solo de aquello que le interese al poder, a su poder, al poder del grupo que es parte de su círculo de gobierno.
Y para controlar eso, se han inventado una definición que no existe: que la información es un "bien público"...
Como se inventaron el magnicidio primero, y el secuestro después, del 30-S. O como se inventaron el delito de la autoría coadyuvante, para engatusar a un pobre juez, cuya respetable miopía física seguramente es menor que su miopía legal.
sábado, 6 de agosto de 2011
COMBATIR A LA PARTIDOCRACIA CON MÁS PARTIDOCRACIA (Prohibido olvidar, No. 6)
En la sabatina de este 6 de agosto, el presidente Rafael Correa evidenció que su odio a la "prensa corrupta" nace exclusivamente de que los medios no presentan las noticias conforme a la visión y explicaciones que él, solamente él y nadie más que él, tiene sobre los hechos que acontecen en el país. Para Correa todo cuanto se publica o se deja de publicar en los diarios, o se difunde por radio y televisión, lleva la intención de perjudicarlo tanto a él como a su gobierno.
Y este fue el caso de las elecciones parlamentarias del pasado 31 de julio: Correa ha asumido a manera de golpe directo a su mentón, la forma como en diarios y en noticieros de radios y televisoras, se describieron los acontecimientos que rodearon a dichos actos parlamentarios. Con la clásica reacción de quien es cogido en falta, resiente los informes de la prensa; y entonces se adelanta a refutar con vehemencia que los pactos y amarres -para lograr cambios imprevistos de votos entre los asambleístas alineados con la oposición- no son producto del toma y daca que practicó la partidocracia en su momento, sino de arreglos democráticos con representantes de fuerzas políticas locales, provinciales o regionales. Esos arreglos, lo dijo repetidamente, nunca se harán con los que militan en partidos políticos de alcance nacional, porque son obstruccionistas...
(O, digo yo, porque los asambleístas que militan en partidos de alcance nacional, piden demasiado: no se contentan con una modesta asignación para que el municipio de un pequeño cantón contrate -por supuesto que con los amigos del legislador cuyo voto es tan asiduamente requerido- la construcción de aceras y bordillos, o en el mejor de los casos, un parque o un nuevo edificio municipal y hasta, quien sabe, un cementerio. No. Qué va. Esos van a la troncha gruesa, que incluye ministerios, jueces y juzgados, gobernaciones y contratos de los grandes, porque igual de grande piensan que es la representación en cuyo nombre negocian para asegurar la mayoría parlamentaria que el gobierno quiere mantener en la Asamblea) De manera que por esta razón, Correa rehusa negociar con ese tipo de asambleístas. Y privilegia los acuerdos con asambleístas caciquiles, de visión localista, sin mayores aspiraciones sobre la "gran" politiquería.
Pero eso, exactamente eso, era lo que se hacía en tiempos de la partidocracia... El país miraba estupefacto cuando un diputado consignaba su voto "por disciplina partidista" a favor de una candidatura con la cual no simpatizaba, pero con la cual su partido había llegado a un acuerdo para llevar generosas asignaciones presupuestaria hasta el pueblo tal o cual. Esos procedimientos que se creían superados por las manos limpias y los corazones ardientes de la revolución ciudadana, no han desaparecido. Al contrario, parece que solo se replegaron para regresar con mayor avidez. Si alguien tiene una o varias dudas al respecto, mire nada más lo que consiguió un asambleísta que militaba en la oposición hasta que su esposa fue electa vicealcaldesa a cambio de un voto en blanco; o el que logró que le fueran revocadas unas sanciones administrativas que afectaban sus negocios turísticos.
Todos los hechos consignados y otros que seguramente irán saliendo a la luz pública en los próximos días, fueron revelados por la prensa independiente; e ilustran que el gobierno del Presidente Rafael Correa Delgado, atrajo a sus filas en el parlamento, a un grupo de legisladores con los que esperaba elegir Presidente de la Función Legislativa a un hombre incondicional y de su absoluta confianza. Gracias a los noticiarios de la TV en vivo y en directo, también pudimos advertir que para que esa atracción tuviese el efecto buscado, había que retardar las elecciones de los dignatarios de la Asamblea hasta que se obtuvieran los 63 votos que aseguren el triunfo de Don Corcho y sus amigos. Y esa prensa nos puso en el tiempo, como si estuviésemos a finales de los años 70, o en la mitad de los 80 o en los mismísimos 90 y en los 2000, previo al advenimiento de la Revolución Ciudadana.
No sé si ese tenebroso personaje que se hace llamar "Corcho" y que habla cantando, logrará mantenerse en su cargo con el combo que está listo a acompañarlo. Pero lo que si sé es que cualquiera que sea el resultado, esta elección legislativa iniciada penosamente el pasado 31 de julio y que todavía no logra ser concluida, se la hace al más puro estilo de la vieja partidocracia. Correa ha asimilado muy bien la lección. Aunque se empeñe en devolver el bumerán que ha usado para superar -según jura y rejura- los viejos vicios de la política, él ha llegado a la conclusión de que a la partidocracia se la combate con más partidocracia. No hay otra.
Si no existiera la prensa corrupta, todos estaríamos felizmente engañados y creyendo que la Asamblea es una maravilla, a pesar del Corcho, a pesar de los Panchana, Cabezas, Hernández, Velasco, y de los tránsfugas que están listos a jugar su papel "sacrificándose en aras de la democracia" sin el menor rubor. Como si todos fuésemos tontos. Como si no nos diésemos cuenta. Como si la prensa "corrupta" no existiese para saber de sus fechorías y ver retratadas la impudicia de sus car'etucadas...
Y este fue el caso de las elecciones parlamentarias del pasado 31 de julio: Correa ha asumido a manera de golpe directo a su mentón, la forma como en diarios y en noticieros de radios y televisoras, se describieron los acontecimientos que rodearon a dichos actos parlamentarios. Con la clásica reacción de quien es cogido en falta, resiente los informes de la prensa; y entonces se adelanta a refutar con vehemencia que los pactos y amarres -para lograr cambios imprevistos de votos entre los asambleístas alineados con la oposición- no son producto del toma y daca que practicó la partidocracia en su momento, sino de arreglos democráticos con representantes de fuerzas políticas locales, provinciales o regionales. Esos arreglos, lo dijo repetidamente, nunca se harán con los que militan en partidos políticos de alcance nacional, porque son obstruccionistas...
(O, digo yo, porque los asambleístas que militan en partidos de alcance nacional, piden demasiado: no se contentan con una modesta asignación para que el municipio de un pequeño cantón contrate -por supuesto que con los amigos del legislador cuyo voto es tan asiduamente requerido- la construcción de aceras y bordillos, o en el mejor de los casos, un parque o un nuevo edificio municipal y hasta, quien sabe, un cementerio. No. Qué va. Esos van a la troncha gruesa, que incluye ministerios, jueces y juzgados, gobernaciones y contratos de los grandes, porque igual de grande piensan que es la representación en cuyo nombre negocian para asegurar la mayoría parlamentaria que el gobierno quiere mantener en la Asamblea) De manera que por esta razón, Correa rehusa negociar con ese tipo de asambleístas. Y privilegia los acuerdos con asambleístas caciquiles, de visión localista, sin mayores aspiraciones sobre la "gran" politiquería.
Pero eso, exactamente eso, era lo que se hacía en tiempos de la partidocracia... El país miraba estupefacto cuando un diputado consignaba su voto "por disciplina partidista" a favor de una candidatura con la cual no simpatizaba, pero con la cual su partido había llegado a un acuerdo para llevar generosas asignaciones presupuestaria hasta el pueblo tal o cual. Esos procedimientos que se creían superados por las manos limpias y los corazones ardientes de la revolución ciudadana, no han desaparecido. Al contrario, parece que solo se replegaron para regresar con mayor avidez. Si alguien tiene una o varias dudas al respecto, mire nada más lo que consiguió un asambleísta que militaba en la oposición hasta que su esposa fue electa vicealcaldesa a cambio de un voto en blanco; o el que logró que le fueran revocadas unas sanciones administrativas que afectaban sus negocios turísticos.
Todos los hechos consignados y otros que seguramente irán saliendo a la luz pública en los próximos días, fueron revelados por la prensa independiente; e ilustran que el gobierno del Presidente Rafael Correa Delgado, atrajo a sus filas en el parlamento, a un grupo de legisladores con los que esperaba elegir Presidente de la Función Legislativa a un hombre incondicional y de su absoluta confianza. Gracias a los noticiarios de la TV en vivo y en directo, también pudimos advertir que para que esa atracción tuviese el efecto buscado, había que retardar las elecciones de los dignatarios de la Asamblea hasta que se obtuvieran los 63 votos que aseguren el triunfo de Don Corcho y sus amigos. Y esa prensa nos puso en el tiempo, como si estuviésemos a finales de los años 70, o en la mitad de los 80 o en los mismísimos 90 y en los 2000, previo al advenimiento de la Revolución Ciudadana.
No sé si ese tenebroso personaje que se hace llamar "Corcho" y que habla cantando, logrará mantenerse en su cargo con el combo que está listo a acompañarlo. Pero lo que si sé es que cualquiera que sea el resultado, esta elección legislativa iniciada penosamente el pasado 31 de julio y que todavía no logra ser concluida, se la hace al más puro estilo de la vieja partidocracia. Correa ha asimilado muy bien la lección. Aunque se empeñe en devolver el bumerán que ha usado para superar -según jura y rejura- los viejos vicios de la política, él ha llegado a la conclusión de que a la partidocracia se la combate con más partidocracia. No hay otra.
Si no existiera la prensa corrupta, todos estaríamos felizmente engañados y creyendo que la Asamblea es una maravilla, a pesar del Corcho, a pesar de los Panchana, Cabezas, Hernández, Velasco, y de los tránsfugas que están listos a jugar su papel "sacrificándose en aras de la democracia" sin el menor rubor. Como si todos fuésemos tontos. Como si no nos diésemos cuenta. Como si la prensa "corrupta" no existiese para saber de sus fechorías y ver retratadas la impudicia de sus car'etucadas...
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