¿ES LA INFORMACIÓN UN "BIEN PÚBLICO"?

El Presidente Correa ha venido sosteniendo que la información es un "bien público". Y que por lo tanto, no se puede permitir que un "bien público" sea manejado únicamente bajo el criterio empresarial de los propietarios de los medios de comunicación, pues estos pueden defender intereses que entren en contradicción con los de la sociedad. O sea que en lo medular, lo que el Presidente de la República propone es que la actividad de informar por cualquier medio de comunicación esté sujeta a regulaciones -obviamente creadas y aplicadas por quienes dirigen al Estado- no solo sobre el contenido de las noticias, sino sobre las opiniones que éstas generan.

Para empezar por el principio, cabe examinar el concepto de bien público: se refiere a aquellas actividades en las que el Estado en representación de la sociedad, tiene un interés especial, porque trata de evitar que su utilización o usufructo origine exclusiones de los derechos de una mayoría, en beneficios de otros, que son minoría. Por ejemplo los ríos son típicamente un bien público, porque por mucho que atraviesen propiedades privadas, sus dueños no pueden invocar esta circunstancia para afectar el curso de las aguas en desmedro del provecho que la comunidad espera obtener de ellas.

En materia de comunicación radial y telefónica, el Estado que por ser titular del espacio aéreo, lo es también del espectro que sirve de vehículo para la emisión de las señales de radio, televisión y de telefonía, ejerce sus derechos sobre ese bien público, autorizando la operación de las empresas que se dedican a esas actividades. Aquí también prima un concepto elemental de seguridad pública, porque es obvio que nadie podría usar el espectro radioeléctrico para transmitir informaciones públicas que pongan en riesgo ni siquiera a uno de los habitantes de alguna región, provincia, cantón o parroquia. Sin embargo, ese riesgo no se refiere a la noticia en sí, sino a la forma en que ésta es difundida. Y para eso están bien las regulaciones...

Pero la información, cuando atañe a asuntos públicos, debe ser igualmente pública. Es decir que ninguna restricción es válida para impedir que la sociedad se informe más o menos rápidamente, con mayor o menor detalle, de acontecimientos que están relacionados con la vida pública. Esto no quiere decir que la información sea un bien público. La información versa sobre acontecimientos que deben ser de dominio público para que los ciudadanos, que son quienes -ejerciendo un derecho soberano e inalienable- eligen en calidad de mandantes a otros ciudadanos para que cumplan las funciones de gobernar en nombre del Estado, conozcan precisamente cómo sus mandatarios están cumpliendo o incumpliendo las funciones que les delegaron. Entonces la información no es un bien público. Se refiere al uso y manejo de bienes públicos, sí. Mas ese hecho, esa naturaleza, no convierte a la información en bien público.

Entonces queda claro que lo que el gobierno quiere, es extender esta natural autoridad que tiene el Estado para controlar -insisto, fundamentalmente por razones de seguridad pública- la difusión de información a través del espectro radioeléctrico, a los contenidos de la prensa en general, sea esta televisada, radiodifundida o impresa. Incluso por INTERNET. Y esta es una pretensión totalmente arbitraria que no se la puede tolerar. Por eso, más allá de la simpatía o antipatía que puedan provocar en el ánimo de las gentes, el articulista Emilio Palacio, Diario EL UNIVERSO y sus propietarios, no hay que perder de vista que el objetivo del Presidente Correa es someter a la prensa, para que informe solo de aquello que le interese al poder, a su poder, al poder del grupo que es parte de su círculo de gobierno.

Y para controlar eso, se han inventado una definición que no existe: que la información es un "bien público"...

Como se inventaron el magnicidio primero, y el secuestro después, del 30-S. O como se inventaron el delito de la autoría coadyuvante, para engatusar a un pobre juez, cuya respetable miopía física seguramente es menor que su miopía legal.