No preocupa que el gobierno pretenda imponer una especie de reserva exclusiva para hablar de la insubordinación de los policías del 30 de septiembre de 2010, porque al fin y al cabo, se trata de convertir ese hecho -tan desgraciado como vergonzoso- en parte del fetichismo político del régimen.
Lo que preocupa es la utilización política del Iepi.
La propiedad intelectual debe ser celosamente manejada, porque de su buen uso depende la idoneidad de los procesos del comercio, en especial aquellos vinculados con el uso de marcas, patentes y licencias. Esta idoneidad, se relaciona con la eficacia para combatir la piratería que generalmente afecta a la industria de la música, del cine y la televisión, así como a la farmacéutica, entre las más importantes. Entonces la actividad registral que le ha sido encomendada al Iepi no puede estar sujeta ni remotamente a los intereses directos de la política. He ahí lo preocupante.
Y es en verdad preocupante, porque convierte en banal la autoridad del Iepi. Es que si ese organismo público no actúa con la independencia que le es tan necesaria para el ejercicio de su autoridad, y concede lo solicitado por el gobierno, en adelante cualquier persona podrá solicitar al organismo que con los mismos argumentos con que "registró" la marca (?) 30S o la expresión "prohibido olvidar", registre como marca su fecha de nacimiento, o la de su matrimonio o la de su divorcio, o la de cualquier evento ocurrido y que considere digno de ser reservado para preservar su uso exclusivo.
Yo creo que la vocación del régimen de generar nubes mediáticas para ocultar los debates que interesan a Ecuador, en torno a temas profundos como los relacionados con la libertad de prensa, o con los sistemas públicos de seguridad, salud y educación, no puede arrastrar al país a una trampa, en la que se pone en riesgo -solo por el placer de actuar como protagonistas de un acto deplorable, que eso fue el 30S- uno de los pilares de la seguridad jurídica en que se sustenta la propiedad privada.
Lo que preocupa es el Iepi.
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