La propuesta del Presidente Correa, de poner la información bajo control del Estado con el argumento de que se trata de una función pública -como la justicia, ha dicho sin ruborizarse-; revela con nitidez los alcances hegemónicos de su visión del poder, que no duda para ese fin recurrir al sofisma. Veamos:
Lo primero que debe ser precisado es si la información es en verdad una función pública.
Comencemos por el principio: que la información toque temas públicos no la convierte per se en una función pública.
Para precisar mejor el tema, cabe responder a una pregunta simple pero profunda: ¿qué es información?
Y la respuesta también es simple y profunda: información es una serie de datos que se configuran sistematizándolos con cierta lógica, para explicar un hecho o un comportamiento, aislados o encadenados, sean estos públicos o privados.
Y una vez configurada, la información se divulga a través de medios orales, electrónicos o escritos. Entre esos medios están los diarios, las revistas, y otros impresos, así como la televisión, la radio y diversos instrumentos electrónicos o informáticos.
En este proceso la información tiene un emisor y un receptor, conectados por un canal cuya principal característica debe ser la confiabilidad.
Esa confiabilidad se fundamenta en valores subjetivos pero poderosos, que giran alrededor de lo que se percibe como verdadero o falso. Por eso el poder está en el receptor: si advierte falsedad sistémica, inconsistencias o cualquier otro sesgo, simplemente rechaza el medio a través del cual le llega la información.
Entonces -y esto es lo segundo- la gente no tiene que esperar una sola versión de la realidad. Puede haber varias. Y el juicio de la gente en torno a un hecho se inclinará según sus expectativas y sus percepciones respecto a lo que conceptúa como verdadero o falso al evaluarlo.
La justicia, en cambio, exige para su validez que una vez dictado un fallo judicial, este sea inapelable para todas las partes que litigan, incluso si se sienten lesionadas por la decisión del juez.
Por eso, para actuar con eficacia, la justicia demanda el respaldo de la fuerza coercitiva de la sociedad, representada por el Estado.
Si a un ciudadano le repugna el fallo de la justicia, no puede cambiar de canal para obtener lo que le guste saber, o para omitir lo que le resulte incómodo o desagradable, porque entonces la ley solo se aplicaría conforme a la conveniencia de cada uno. Y cada uno reclamaría legitimidad al momento de exigir que la ley se aplique según su conveniencia...
No La información no es lo mismo que la justicia. Por lo tanto la comparación que usa el presidente Correa para sostener que debe ser considerada como una Función del Estado, constituye un sofisma para enmascarar lo que en verdad persigue: subordinar a los intereses ocasionales de su gobierno, todas las instancias de información, incluso la que concierne a intereses estrictamente privados.
Y esta es una pretensión que -de ser puesta en vigor- significará golpear uno de los bienes más preciados de la libertad: la de informarse, ya sea leyendo un diario, una revista, un libro; o viendo un programa de televisión; o escuchando la radio; o usando un blog...
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